La implacable y unánime sentencia del Tribunal Supremo, al final, provocó menos revuelo de lo que cabía esperar. Los restos del dictador debían ser exhumados y vueltos a inhumar en el cementerio de una localidad cercana. El presidente del Gobierno, de viaje oficial en Estados Unidos, fue despertado en la madrugada de allí por la vicepresidenta que no dudó en llamarlo para comunicarle la tan anhelada noticia. Él lo agradeció, se cumplía así una de sus principales promesas electorales. El Consejo de Ministros había logrado sortear todos y cada uno de los impedimentos que, el prior de la abadía, la familia, nostálgicos del régimen y algún que otro juez ultraconservador no cesaban de interponer y que, ante la sorpresa de algunos, la Iglesia Católica no.
